“La demanda de viviendas por
parte de la población ha sido mucho mayor que la velocidad en que la ciudad
había planeado su crecimiento”, afirma Gustavo Mayor, Ingeniero del Área de
Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima. Y es que según el Ministerio de
Vivienda entre los años 2003 al 2014 se han entregado 117 mil 367 títulos de
propiedad a asentamientos humanos solo en Lima; a nivel nacional dicha cifra
asciende a 994 mil 552 títulos de propiedad otorgados en lotes donde la
invasión de terrenos y la autoconstrucción sigue siendo la forma de conseguir
una vivienda propia
La ciudad necesita un
plan
El problema ante la falta de
planeamiento urbano se debe a que tras los cambios de autoridades locales,
estos no siguen los planes de quienes los precedieron. A esta problemática se le añade que los mismos
no cumplen con el planeamiento de crecimiento urbano dispuesto por la
Municipalidad de Lima porque cada gobierno local es autónomo y cada uno dispone
de sus licencias según sus necesidades. “La
Municipalidad simplemente no tiene forma de organizarlos”, afirmó Mayor.
Por otro lado, el ingeniero
señala que “ya se han presentado hasta
cinco proyectos de ley en el congreso para obtener una norma de mayor jerarquía
que regule todo, pero hasta ahora no se aprueba ninguna en el congreso. Sin una
norma de mayor jerarquía como una ley lo que queda es una política difusa”,
sentencia.
Y la autoconstrucción aún
continuará.
De informal a formal
“El proceso de formalización
empieza desde la ocupación del terreno”, señala David Montero miembro del
Ministerio de Vivienda y del programa Nuestras Ciudades, “Una vez invadido, los
pobladores piden una constancia de posesión a la municipalidad, quien emite una
constancia de posesión y la entrega a cada una de los pobladores” Con dicho
documento Cofopri solicita una evaluación de riesgo sobre el terreno ocupado
donde se dictamina si es de alto, medio o bajo riesgo. Dependiendo de la
categoría tienen que subsanarse las recomendaciones o erradicar a las personas.
Aun así, Cofopri entrega los títulos de propiedad junto con las recomendaciones.
No hay datos, al momento de la entrevista, de saber cuántas de estas viviendas
han subsanado sus observaciones.
¿Una solución?
“La sociedad formal es demasiado costosa”,
dice Juan Antonio Blanco Blasco, ingeniero civil especializado en temas de construcción
informal, “el procedimiento formal es sacar una licencia, presentar cuatro
juegos de planos firmado por un arquitecto, un ingeniero civil, de saneamiento
y un electricista y la gente no tiene plata para pagar eso, además que el
trámite es sumamente engorroso”
“El proceso de formalización
empieza desde la ocupación del terreno”, señala David Montero miembro del
Ministerio de Vivienda y del programa Nuestras Ciudades, “Una vez invadido, los
pobladores piden una constancia de posesión a la municipalidad, quien emite una
constancia de posesión y la entrega a cada una de los pobladores” Con dicho
documento Cofopri solicita una evaluación de riesgo sobre el terreno ocupado
donde se dictamina si es de alto, medio o bajo riesgo. Dependiendo de la
categoría tienen que subsanarse las recomendaciones o erradicar a las personas.
Aun así, Cofopri entrega los títulos de propiedad junto con las recomendaciones.
No hay datos, al momento de la entrevista, de saber cuántas de estas viviendas
han subsanado sus observaciones.
Frente a esa problemática Blanco
propone que el Ministerio de Vivienda debería realizar un concurso entre todos
los profesionales para diseñar 100
modelos de planos en distinto tamaño de lote que ya estarían firmados y sellados
por ingenieros de acuerdo a ley. Luego estos planos deberían repartirse entre
todos los municipios.
El informal debería acercase a la
municipalidad elegir el plano de acuerdo a su lote, comprarlo por un reducido
precio y con eso se soluciona el problema. “Hay un profundo desinterés de la
Municipalidad porque a nadie se le ocurre eso”, concluye el Ingeniero.
Mientras tanto…
En un principio la condición de
informalidad de las viviendas impide su regulación porque se encuentran
físicamente en el lote, pero legalmente no son titulares la propiedad, solo
poseedores por la invasión a los terrenos del Estado o de particulares. Luego
de las conversaciones con las municipalidades se le entrega el título de
propiedad para que estas pasen a la formalidad. Lo que ha sucedido con muchos
de estos títulos que han sido entregados por Cofopri es que se encuentran en
zonas de riesgo. Para aquellas viviendas
se debe realizar una evaluación para estimar la condición de vulnerabilidad,
las que deben ser subsanadas a través de muros de contención y escaleras.
Otras medidas tomadas por
municipalidades como Surco, para detener el crecimiento de invasiones, han
levantado muros como ha sido el caso de La Molina y el muro que separa a un
asentamiento humano en Villa María del Triunfo de los vecindarios de Las
Casurinas. Divisiones parecidas han ocurrido en las playas de Ancón con las
cuerdas que separan a unos bañistas de otros.
